Bayahíbe bajo la lupa: un contrato roto, una ocupación sin freno y la sombra de la estafa
Según documentos judiciales y denuncias formales, un reconocido inmueble residencial de la zona costera estaría ocupado sin título, sin pagos y seguiría siendo promocionado en plataformas turísticas bajo otro nombre.
Un caso que sacude Bayahíbe
Lo que parecía ser un contrato ordinario de subarrendamiento firmado en septiembre de 2024 habría terminado por convertirse en un entramado de promesas incumplidas, ocupación prolongada y un laberinto judicial que parece interminable.
Según los expedientes presentados, el inmueble —conocido en la zona por su valor residencial y turístico— habría sido alquilado a una persona concreta, pero estaría hoy en manos de otros sujetos, que no figurarían en el contrato original.
La situación, a la que se suma una cadena de pagos interrumpidos y licencias no gestionadas, habría llevado a denuncias por estafa agravada, abuso de confianza y ocupación ilícita.
Línea de tiempo de un conflicto que no termina
Marzo 2025
Los pagos se interrumpen. Según los documentos, se acumula deuda y no se cumplen las obligaciones contractuales.
Junio 2025
Los elementos más llamativos del caso. Un inmueble ocupado sin título
El contrato fue resuelto, pero la propiedad sigue ocupada.
Los actuales ocupantes no figurarían en el acuerdo original.
Deuda acumulada
Según documentos, los pagos dejarían un saldo superior a 20.000 dólares en concepto de alquiler no abonado.
Promesas rotas
Se habría prometido crear una sociedad local, trasladar una actividad de restauración y operar con licencias. Nada de eso ocurrió.
Booking y el “otro nombre”
El inmueble seguiría siendo publicitado en Booking.com bajo un nombre diferente, como si estuviera operando normalmente.
Voces y denuncias
La cadena de denuncias penales apunta a delitos de estafa agravada (art. 405 del Código Penal Dominicano), abuso de confianza (art. 408) y ocupación ilícita (Ley 5869).
Los expedientes también habrían alertado al Defensor del Pueblo y a la DIGEIG (Dirección de Ética e Integridad Gubernamental), señalando “posibles omisiones” y “falta de acción rápida” por parte de autoridades locales.
¿Qué está en juego?
-
La seguridad jurídica: ¿cómo proteger propiedades privadas si los contratos se incumplen y los desalojos se retrasan indefinidamente?
-
La imagen turística de Bayahíbe: el caso podría afectar la confianza de inversores y visitantes.
-
La efectividad institucional: la lentitud en las respuestas y los rechazos iniciales de denuncias plantean preguntas sobre el funcionamiento del sistema
El telón de fondo
Según los documentos, los ocupantes actuales conocerían bien la zona de Bayahíbe y estarían utilizando cada resquicio legal para alargar la ocupación. Mientras tanto, la propiedad sigue bloqueada: sin pagos, sin títulos, sin licencias.
Para algunos, esto ya es “el caso Bayahíbe”: un símbolo de cómo un contrato claro puede convertirse en un conflicto interminable, con una historia que todos parecen comentar, pero que nadie parece resolver.