Más de 9,000 casos registrados en 2024 reabren el debate sobre salud y derechos
Meta description: En 2024, hospitales públicos de RD reportaron más de 9,000 abortos, mientras el nuevo Código Penal mantiene la prohibición sin excepciones.
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La República Dominicana enfrenta una paradoja: mientras la red hospitalaria registró 9,459 abortos en 2024, la legislación vigente continúa penalizando el procedimiento en todos los casos, salvo cuando está en riesgo la vida de la madre y tras agotar “todos los medios científicos disponibles”.
Los datos, divulgados por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) en su Anuario de Estadísticas Sociodemográficas, revelan una tensión permanente entre la práctica médica y el marco legal.
Una realidad en los hospitales
Del total de abortos reportados, 9,243 fueron atendidos en el Servicio Nacional de Salud (SNS). Los hospitales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sumaron 59 casos, mientras que patronatos y ONG registraron 157.
La región Ozama, que incluye el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, concentró un tercio de los procedimientos con más de 3,000. Le siguieron Cibao Norte (960) y Cibao Sur (554), reflejando una incidencia significativa en todo el territorio.
Complicaciones de abortos inseguros
Aunque las cifras oficiales muestran procedimientos hospitalarios, los especialistas advierten que el mayor problema ocurre fuera de las estadísticas. Según la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, más de 25,000 mujeres ingresan cada año a hospitales por complicaciones derivadas de abortos inseguros.
“Lo que vemos en los registros es apenas la punta del iceberg. Muchas mujeres llegan tarde, con infecciones o hemorragias graves”, explicó la doctora Mariela Rosario, ginecóloga en un hospital público de Santo Domingo.
El marco legal y el nuevo Código Penal
El aborto en República Dominicana sigue siendo uno de los más restrictivos de América Latina. El Código Penal establece penas de dos a cinco años de cárcel para quien interrumpa un embarazo y sanciones de hasta 20 años para personal médico.
La reciente reforma, promulgada en agosto por el presidente Luis Abinader, mantuvo la penalización en casos de violación, incesto o malformaciones letales. Solo se contempló una excepción: cuando la vida de la madre corre peligro y se han agotado los recursos médicos.
Un debate que no se apaga
Organizaciones feministas consideran que el nuevo Código Penal perpetúa un marco de desigualdad que afecta principalmente a las mujeres pobres. Por su parte, grupos religiosos y conservadores celebran que se haya preservado la protección constitucional de la vida desde la concepción.
Más allá de la disputa política, las cifras hospitalarias confirman que la práctica del aborto ocurre, con o sin reconocimiento legal. El reto para el país es enfrentar esta realidad sin comprometer la salud ni los derechos fundamentales de las mujeres.
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